El pasado viernes, la industria tradicional se llevó una importante batalla de la «guerra» que mantiene con las nuevas plataformas colaborativas.
El Gobierno aprobó la semana pasada el Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres sobre arrendamiento de los vehículos con conductor (ROTT), añadiendo más «seguridad jurídica» al taxi y limitando la liberalización de las licencias de conducción de vehículos (VTC).
Entre las nuevas modificaciones, por ejemplo, se establece en siete coches la flota mínima para solicitar este tipo de licencias. Además, se recupera la regla de que como máximo puede existir una licencia VTC por cada treinta de taxi. Únicamente los taxistas podrán circular a la búsqueda de clientes, mientras que el resto de vehículos con conductor deberán ser precontratados.
«No es el mejor reglamento, pero al menos aporta cierta seguridad al sector», afirma Miguel Ruano, presidente en funciones de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi). Como único «pero», la asociación destaca la «demora» con la que se ha aprobado este Real Decreto.
Uber asegura que continuará haciendo «pedagogía» sobre su actividad
Las bases estaban sentadas con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en 2013, pero no ha sido hasta finales de 2015, coincidiendo con la convocatoria de paros masivos por parte del sector, cuando esta norma ha salido adelante.
«La aprobación de esta norma ha provocado conflictos entre distintos Ministerios y el retraso ha provocado una situación dramática. El Gobierno siempre nos ha apoyado, pero con la boca pequeña», asegura el presidente de Fedetaxi. Mientras el taxi aplaude una norma «necesaria» en su opinión, plataformas como Uber hablan de una «oportunidad perdida» para el sector.
A principios de mes, Uber anunció que cambiaría su rumbo. La compañía aseguró que trabajaría únicamente con conductores profesionales y reclamó un aumento de las licencias VTC para llevar a cabo esta actividad. La respuesta de la Administración no ha tardado en llegar, pero no ha sido la que la plataforma esperaba.
«El Real Decreto va a limitar un mercado al que pymes y autónomos podrían haber accedido» aseguran fuentes de Uber. Pese a todo, la empresa no se rinde. Asegura que mantendrá su estrategia y continuará «haciendo pedagogía» en España.
La organización se apoya en un informe que elaboró Competencia en septiembre para sostener su propia visión del tema. La CNMC destacó entonces la importancia de liberalizar este tipo de licencias y añadió una nueva visión al conflicto.
Los tribunales hablan
Mientras el nuevo decreto sobre el ROTT es aprobado, la batalla continúa en los tribunales. Esta misma semana el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid desestimó la petición de la industria del taxi de suspender Cabify, una aplicación dedicada al alquiler de vehículos con conductor; un Uber español.
El juzgado dictaminó que no era proporcional suspender en la actualidad una compañía que opera en España desde hace cuatro años. «La operativa de Cabify ha sido completamente transparente, distinguiéndose radicalmente de otras plataformas», aseguró la compañía en un comunicado.
Así, mientras la regulación limita la actividad de ciertas plataformas, los tribunales avalan otras en los juzgados. Es cierto que el sector del taxi ha logrado una importante victoria con la modificación del ROTT, pero el fin de esta «guerra» se antoja lejano.
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