Nuevas armas contra nuevas amenazas. En un mundo en el que cualquiera con un ordenador y un software malicioso comprado por pocos euros puede copiar o destruir el trabajo de décadas de una empresa, las corporaciones necesitan herramientas y conocimientos que les permitan hacer frente a una amenaza, la delincuencia digital, que ya es el tercer delito que más dinero mueve, por detrás de la prostitución y el narcotráfico.
Con el objetivo de enseñar a las empresas y organizaciones públicas como protegerse, la universidad de Deusto ha estrenado esta semana su nuevoPrograma de Innovación en Ciberseguridad, dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
«La delincuencia informática es una forma delictiva especialmente cobarde», asegura Velasco, atendiendo al hecho de que los ciberdelincuentes rara vez necesitan dar la cara, parapetados detrás de un ordenador.
La protección frente a las amenazas del mundo digital resulta especialmente importante para las corporaciones puesto que, como apunta Velasco, una vez producido el daño, pocas son las compañías que se atreven a denunciar por miedo a la propaganda reputacional negativa.
Eloy Velasco: «La delincuencia informática es especialmente cobarde»
El curso, que consta de diez sesiones que se extienden a lo largo de todo un año lectivo, está orientado a responsables jurídicos de empresas e instituciones, pero también a profesionales que quieran orientar su carrera al ámbito de la ciberseguridad y a directivos preocupados por las nuevas amenazas tecnológicas.
Entre los profesores del curso figuran profesionales de primer orden como la fiscal del Tribunal Supremo Elvira Tejada, el director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó o el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, además del propio Velasco. Entre las actividades se incluye una visita a la sede de Google en Madrid, a las instalaciones de Canillas de la Policía Nacional o al centro de ciberdelitos de Deloitte, cuya sede mundial se encuentra en Alcobendas.
Los directivos, responsables
El socio responsable de este último, Alfonso Mur, recuerda la necesidad de que los directivos incluyan el cibercrimen entre sus principales preocupaciones y tengan preparados planes de contingencia para el caso de que su empresa sea atacada, no solo por las importantes pérdidas económicas que puedan sufrir, sino porque tienen responsabilidad penal en el caso de que no hayan protegido adecuadamente a su compañía. «Un directivo puede ir a la cárcel por culpa de un ciberfraude si se demuestra que no ha controlado los riesgos adecuadamente», asegura.
En la actualidad, atacar de forma a crítica a una empresa resulta en extremo sencillo y barato. Un ataque de denegación de servicio (DDoS) puede contratarse en Internet por entre 10 y 1.000 dólares diarios, al tiempo que una brecha de ciberseguridad tarda, de media, 170 días en ser detectada y cuesta 3,5 millones de euros.
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